Monday 20 May 2019
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reliefweb - 4 days ago

Colombia: Gaceta de Paz : Del 1ro al 7 de mayo de 2019

Source: International Organization for Migration, US Agency for International Development Country: Colombia
Es necesario sensibilizar sobre la tragedia de los líderes sociales Jimmy Alexander Moreno, uno de los voceros del refugio humanitario en Bogotá, declaró una vez finalizada la movilización el pasado 2 de mayo: “El refugio se termina de consolidar en un encuentro que hicimos en febrero pasado más de 300 organizaciones. Uno de los temas fundamentales que se trataron fue el de la defensa de la vida y después los derechos a libertad y la protesta social. En ese eje temático, decidimos que la activad central sería hacer un refugio humanitario en Bogotá para visibilizar la situación que estamos viviendo en las comunidades”. En la misma línea y con la etiqueta #DefendamosLaVida, la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart, lanzó una campaña para reconocer la labor de los defensores de la vida, el ambiente y el territorio. “Expresar nuestro firme y contundente rechazo a todo atentado y amenaza contra líderes sociales y defensores de derechos humanos que aquí en Colombia están construyendo democracia” declaró Llombart. Lo paradójico es que los riesgos a la vida de los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas en los territorios están siendo advertidos, pero no prevenidos. Carlos Guevara, analista del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo recalcó: “[…] desde febrero del año pasado, en 67 alertas tempranas hemos advertido de manera municipal las amenazas que tienen los líderes en sus regiones y no hemos tenido una respuesta efectiva del Estado”. Naciones Unidas pide protección “urgente” para indígenas en Chocó La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) solicitó este martes a las autoridades colombianas “protección urgente” para más de 1.600 indígenas, entre ellos 263 niños, del departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, que han sido víctimas de desplazamiento forzado. La emergencia se presenta en el norte del municipio de Juradó como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y su presencia en los territorios indígenas. A la fecha, 914 personas se encuentran desplazadas y otras 729 están en situación de confinamiento. Del total de esta población, 263 son niños y niñas menores de 5 años. Aunque la respuesta de las autoridades locales y nacionales se ha activado, las dificultades de acceso, la persistencia del conflicto y las intimidaciones son un obstáculo para brindar asistencia humanitaria de manera inmediata. “Sufrimos la invasión de nuestros territorios por parte de los grupos armados. Estamos obligados a convivir permanentemente con la militarización y hasta que los actores armados no se vayan del todo, vamos a seguir siendo víctimas, pues esta es una de las raíces de nuestros padecimientos”, expresaron las comunidades indígenas a través de un comunicado. Indígenas Siona, en el sur del Putumayo, amenazados por las nuevas rutas del narcotráfico Miembros de la comunidad indígena Siona, ubicados entre el sur de Putumayo (municipio de Puerto Asís) y el norte de la provincia de Sucumbíos, han manifestado que mil personas de tres de los seis resguardos y cabildos de su comunidad están confinadas debido a las amenazas y enfrentamientos entre los grupos armados. Además, la comunidad Siona ha declarado que en las inmediaciones de sus asentamientos hay laboratorios de procesamiento de cocaína y existe la constante amenaza de la siembra de minas antipersonales. “El país, en general, vive un momento muy difícil. Con la llegada de estos grupos que viven del narcotráfico, la vida de nuestra comunidad empeoró. El paso a territorio ecuatoriano, donde también existen asentamientos de nuestra etnia, se ha dificultado. Tenemos que andar con mucho cuidado y caminar con el miedo de caer en una mina. Nuestra cultura ancestral se basa en el yagé, y esta situación no nos permite ir a buscar nuestras plantas tradicionales”, señaló una autoridad indígena. Clan del Golfo busca refugio en la frontera El ahogo al que ha sometido la Fuerza Pública colombiana a los integrantes del Clan del Golfo, y la búsqueda de nuevas economías ilegales que les den dinero e insumos para atizar el conflicto y lucrarse, son solo dos de las razones por las que esta estructura delincuencial ha ido arrimándose a parajes inhóspitos como la frontera colombo-panameña. Es así como en este bloque selvático casi impenetrable que es el Tapón del Darién, esta banda criminal ha comenzado a mover sus fichas y ubicar en algunos territorios campamentos que les sirven de paso, sitios de control para el paso de cocaína o zonas de cobro a los llamados “coyotes”, encargados de llevar a los migrantes a través de la manigua. Fue así como con una operación conjunta desarrollada entre Fuerzas Militares y de Policía panameñas y colombianas, se logró ubicar un campamento en el sector El Oso, un territorio del país vecino ubicado a tres kilómetros de la frontera con Colombia, así, se logró establecer que este grupo ilegal ha comenzado a buscar refugio en el límite. Puente Nayero, territorio de paz en medio del conflicto Puente Nayero es el primer Espacio Humanitario de Buenaventura. Tras sufrir las peores violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto armado, tanto en sus territorios rurales de origen como en la zona urbana de Buenaventura. El Espacio Humanitario de Puente Nayero se ha posicionado como un referente de Comunidad de Paz gracias a los ejercicios de resistencia comunitaria, del trabajo de organizaciones base de la zona, como la Corporación Organizando Haciendo y Pensando el Pacífico (CORHAPEP), y de las acciones de los coordinadores temáticos del Espacio Humanitario. Las situaciones de violencia que se sostienen en Buenaventura han sido históricamente más agudas en Puente Nayero, lo que motivó a que la comunidad se organizara para expulsar a los actores armados ilegales de la zona. Desde ahí, la conformación de la comunidad de paz implicó todo un desarrollo organizativo, silencioso, pero efectivo. La encrucijada de la política de restitución de tierras Las alertas por el desmonte progresivo y acelerado de la política de restitución de tierras se prendieron hace poco más de un año. La primera fue el anuncio del cierre de varias oficinas regionales de la Unidad de Restitución de Tierras (URT). Como resultado, se debilitaron las posibilidades de acceso directo de las víctimas de despojo a las instituciones transicionales encargadas de su reparación. La segunda se dio con la expedición del decreto 1167 del 2018, que dio por terminada la etapa administrativa de la política y puso una fecha de corte para la presentación de solicitudes de restitución, dejando por fuera a aquellas víctimas que no han presentado la reclamación a la que tienen d además de desconocer que el despojo y el desplazamiento forzado continúan, incluso después de la firma del Acuerdo de Paz. Finalmente, en el Plan de Desarrollo del presidente Duque, la restitución de tierras brilla por su ausencia. Solo en las bases del plan se hace referencia a la idea de enfocar la reparación a través de indemnizaciones económicas, abriendo la posibilidad de eliminar la restitución como la medida de reparación preferente, de hecho, la continuidad se establece únicamente para aquellas solicitudes que ya están en trámite. Audiencia ante la CIDH enfrenta a la JEP con el Gobierno Un episodio de alcance internacional fue el nuevo impase entre el Gobierno de Iván Duque y la Jurisdicción Especial para la Paz. El canciller Carlos Holmes Trujillo no ocultó su inconformidad y adujo la falta de competencia de la JEP al solicititar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia pública a fin de hacer un balance de los avances y obstáculos que ha tenido la jurisdicción a un año de haber emprendido labores en Colombia. Pero la comisión se negó a anular la audiencia. En respuesta a la magistrada presidenta de la JEP, Patricia Linares, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão ratificó la convocatoria: “la Comisión Interamericana confirmó su competencia para acceder de la solicitud de la citada audiencia y, en consecuencia, decidió mantenerla en la programación del presente periodo de sesiones”. La única variación que señala la CIDH es que la audiencia no será ya pública sino privada. Cabe resaltar que ante las dificultades que se registraron el jueves pasado para lograr un acuerdo en el Senado que permitiera destrabar la votación alrededor de las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, se decidió que el asunto sea dilucidado por la Corte Constitucional. La meta de deforestación del Plan Nacional de Desarrollo empeoró El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 planteaban que al final del cuatrienio frenarían el crecimiento de la deforestación, dejando una meta de 220.000 hectáreas deforestadas anualmente, es decir, 880.000 hectáreas durante el cuatrienio. Esta misma semana, durante los debates del Plan de Desarrollo en el Congreso, representantes del Gobierno y algunos congresistas han manifestado que la meta cambió. Sin embargo, la realidad es que el PND se aprobó con una meta similar, e incluso más pesimista. Lo que plantea ahora el Gobierno es reducir en un 30% la deforestación con base en las proyecciones del Ideam. Esas proyecciones indicaban que, si nada cambiaba, en 2022 se estarían deforestando 360.000 hectáreas al año; cifra que, con la reducción del 30% que ahora propone el gobierno, resultaría en 252.000 hectáreas al año (el 70% de 360.000). Es decir, la nueva meta permitiría más pérdida de bosque que la anterior. Con estas cifras, el Gobierno de Iván Duque está desconociendo la Sentencia 4360 de 2018, con la que la Corte Suprema de Justicia declaró la Amazonía como sujeto de derechos y ordenó su protección inmediata. Además, va en contravía de compromisos internacionales como el Acuerdo de París. La seguridad democrática 2.0 está asustando en zonas en conflicto Un barrido por las regiones del país en conflicto (sur de Córdoba, Bajo Cauca, el norte de Antioquia, Guaviare, la costa pacífica nariñense, el norte y sur del Cauca, Catatumbo y A y en Cundinamarca a propósito de la zona de reincorporación allí), ha revelado que han incrementado las denuncias de presuntos abusos de la Fuerza Pública, incluidas ejecuciones extrajudiciales. Si bien no existen cifras oficiales consolidadas en todas las regiones, las 57 fuentes con las que hablamos coincidieron en que desde la entrada del Gobierno de Duque se están presentando más denuncias contra fuerzas militares y policiales por presuntas intimidaciones, capturas irregulares, empadronamientos, allanamientos, señalamientos sin pruebas contra los campesinos y ejecuciones extrajudiciales. A eso se suma que, a partir del caso del ex miliciano Dimar Torres, en un sector de los desmovilizados de las FARC que están en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) se ha despertado la desconfianza con el Estado (de 12 ETCR consultados, en siete dijeron que había preocupación).


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